Hace apenas unos días, por recomendación de mi hija Gema, vi el documental de Jon Sistiaga Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo. Ella aún no había nacido cuando, en julio de 1997, dos terroristas de ETA asesinaron al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.
Lo vi sin esperar nada nuevo, pero ocurrió algo inesperado, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. A medida que avanzaban las imágenes, todo volvía a aquellas horas de julio: recordé cómo mirábamos el reloj, pendientes de la televisión, y el silencio denso que contenía la respiración de un país.
Aquel 13 de julio, Xabier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegi, alias Amaia, dispararon dos tiros en la nuca de Miguel Ángel. No fue solo el asesinato de un hombre inocente. Fue un intento de intimidar a una sociedad que empezaba a perder el miedo. Cuando el documental reveló que su tumba fue posteriormente vandalizada, sentí una punzada casi física. Una tumba no se vandaliza: se profana. No es un objeto más, sino el lugar donde una comunidad deposita memoria, respeto y gratitud.
Existe un límite moral anterior a cualquier creencia: el respeto a los muertos. Cicerón formuló hace siglos una idea que sigue conservando toda su fuerza: la vida de los muertos permanece en la memoria de los vivos. Una civilización se reconoce también por cómo custodia el recuerdo de quienes ya no están.
Las profanaciones de tumbas de víctimas del terrorismo pertenecen a un ámbito donde desaparece cualquier justificación: ya no hay adversarios, ni debate, ni posibilidad de defensa. Solo permanece el recuerdo de una vida truncada y el dolor de quienes siguen regresando a ese lugar. Profanar una tumba es enviar un mensaje a los vivos: intentar reescribir el pasado desde el odio.
Llamar vandalismo a una profanación es insuficiente: no se destruye piedra, sino un vínculo con la memoria. Las piedras pueden restaurarse; la conciencia histórica es mucho más difícil de reconstruir. Y ese vínculo nos devuelve inevitablemente a nuestro pasado reciente, al recuerdo de quienes fueron asesinados por ETA por representar la libertad de todos. Durante años existió una frontera moral compartida que marcaba con nitidez la diferencia entre la defensa de las ideas y el recurso a la violencia. Hoy, sin embargo, algunos de aquellos consensos se han debilitado. Y han hecho posibles acuerdos parlamentarios con quienes convivieron durante demasiado tiempo con la violencia sin condenarla de manera explícita. Los hechos son tristemente elocuentes. La tumba de Fernando Buesa, dirigente del PSOE, fue atacada en 2023. La de Gregorio Ordóñez, del PP, ha sido profanada en distintas ocasiones. No son meros actos de gamberrismo, sino agresiones dirigidas contra el significado que esas vidas conservan para la sociedad.
La barbarie no comienza cuando se destruyen piedras. Comienza cuando se intenta destruir lo que representan, y ahí es donde una comunidad empieza a perder una parte de sí misma. Quizá la civilización consista en custodiar esa frontera invisible que separa el recuerdo del olvido: mantener viva la memoria incluso cuando el tiempo invite a pasar página y la política se deje devorar por la urgencia del presente.
Jon Sistiaga pronuncia al final del documental una frase que cae como un aldabonazo: «El 60 % de los jóvenes menores de 25 o 30 años no saben quién era Miguel Ángel Blanco ni qué era ETA». No es un reproche; es un diagnóstico. Hay olvidos que un país no debería permitirse, porque al cruzar la frontera de la memoria no se desvanece solo el recuerdo, sino también la conciencia moral del presente.
Gandia, 14 de agosto de 2026.
Publicado el 14 de agosto de 2026 en la Edición de La Safor del diario Levante-EMV. Imagen del documental Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, y producida por The Tintirin Team.