Imaginemos un país que está siendo invadido por diferentes lugares, en el que se designa a un general como responsable de la defensa. Su problema es que los mensajes le llegan tarde y no le permiten conocer la situación real de los combates, porque describen la situación con días o semanas de retraso. En estas circunstancias es imposible controlar la invasión: se envían refuerzos donde ya no se necesitan y se retiran tropas de posiciones que deberían ser urgentemente reforzadas. La derrota es inevitable.
Lo mismo ocurre con la pandemia. Se gestiona con información retrasada y las decisiones se toman con lentitud, por lo que el desastre que se nos ha venido encima es comprensible. Nuestros responsables políticos no han hecho nada para implantar un sistema eficiente de información, ni se han apoyado en el asesoramiento de expertos para interpretarla y gestionar la pandemia. Se aplican ahora medidas que hubieran debido implantarse a principios de agosto, hace ya más de dos meses.
En junio la pandemia parecía estabilizada con unos 300 nuevos casos diarios, sin embargo, la segunda semana de julio ya se percibía la amenaza de una nueva oleada. La movilidad, que es un índice de distancia social, estaba cercana al 80% de su nivel normal, mientras que a principio de junio estaba en el 50%. En abril había llegado a estar en el 16% de lo habitual antes de la pandemia. Lo idóneo para frenar la propagación hubiera sido actuar decididamente durante la segunda quincena de julio.
No creo que nadie me pueda acusar de profeta del pasado, ni de que «a toro pasado todos son Manolete» porque en un artículo publicado el 1 de agosto en este diario, ya afirmé lo siguiente: «me temo que siguen sin tomarse las medidas a tiempo. Aragón, Cataluña, Navarra y el País Vasco se deberían haber cerrado hace ya dos semanas». También advertía que «cuando nos enfrentamos a una epidemia como la del COVID-19, reaccionar con dos o tres días de retraso puede ser un error grave, pero demorar una semana la adopción de medidas de mitigación puede ser una catástrofe».
Existe un problema serio con la información que publica el Ministerio de Sanidad, siendo muy difícil saber cuáles son las tendencias y cuáles las proyecciones. Los indicadores de casos de 7 y 14 días no cuadran con los datos de días anteriores, porque el Ministerio realiza un proceso poco transparente de validación que modifica cada día la serie histórica de casos. El resultado es que el índice de casos diagnosticados en los últimos 14 días ofrece una imagen de los contagios -lo que en definitiva hay que frenar- con un desfase de entre tres o cuatro semanas. Hace poco un grupo de científicos encabezados por Sergi Trias Llimós señalaba en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, que los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad son insuficientes para comprender la dinámica de la pandemia y tomar medidas, y reclamaban información precisa y fiable sobre el coronavirus en España.
El pasado 8 de octubre publiqué en estas páginas proyecciones de lo que podía ocurrir a final de mes: entre 970.000 y 1.120.000 casos confirmados. Como desgraciadamente ya sabemos, se ha superado la proyección más desfavorable y, desde el puente de octubre, la propagación del virus crece fuera de control. En las dos próximas semanas, aun yendo todo muy bien, será difícil que no se supere el millón y medio de casos. Aunque Fernando Simón dijo imprudentemente el pasado día 15 que «España está, a priori, estabilizándose».
A fecha de hoy el país está cansado y desmoralizado. El nuevo estado de alarma, tal como se ha promulgado, añade desconcierto e incertidumbre. El expresidente Felipe González ha criticado esta misma semana que Pedro Sánchez haya delegado el estado de alarma en las autonomías: «Es una puñetera locura». También ha señalado que durante la desescalada de la primera oleada las «competencias se dispersaron» en las autonomías y comenzó «una carrera» para «ver quién llegaba antes a un desconfinamiento».
Las consecuencias de la imprevisión, del poco caso que se ha hecho a profesionales y expertos, de la tardanza en aplicar medidas y de haber ido durante nueve meses por detrás del virus en vez de tomarle la delantera, las vamos a pagar todos. La opinión de Felipe González es que «se avecinan tiempos complicados. Lo podemos sortear con frases (…) pero vamos a sufrir muchas desigualdades y se va a desarticular la sociedad». La pésima gestión de la pandemia, que nos ha convertido en uno de los países del mundo más damnificados por el virus, no nos va a salir gratis. Y la culpa no es de la sociedad que, salvo algunos irresponsables, se ha comportado ejemplarmente…
29 de octubre de 2020
Este artículo se publicó en el diario LEVANTE-EMV Edición de la Safor el 3 de noviembre de 2020. La fotografía es un fotograma de la película 1917 dirigida por Sam Mendes (2019).