Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, ganó cuatro elecciones consecutivas y fue una figura clave durante la primera mitad del siglo XX. Durante su mandato tuvo que enfrentar circunstancias adversas como la crisis de la Gran Depresión o la devastadora II Guerra Mundial, pero ejerció el poder dentro de los límites y controles de la Constitución. Por ello es considerado, junto a Washington y Lincoln, uno de los presidentes más relevantes y mejor valorados de la historia de su país.
A pesar de su notable legado, Roosevelt intentó domesticar al poder judicial encontrando una amplia oposición incluso en su propio partido. Su metáfora de los tres caballos (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) que deben arar en el mismo sentido, no tuvo el apoyo social y político necesario y el Senado rechazó la «designación tendenciosa de miembros afines», frustrando la aspiración de Roosevelt de un Tribunal Supremo sumiso.
Hoy en día en España la independencia judicial no goza de buena salud y sufre una dependencia política progresiva. El presidente Sánchez parece querer seguir los pasos de otros países europeos comoHungría y Polonia, a cuyos gobiernos la Unión Europea les reclama reformas que garanticen la independencia judicial.
Recuerdo que hace ya algunos años, cuando mi primo Paco fue nombrado por unanimidad presidente del Tribunal Constitucional, se le cuestionó su imparcialidad por haber pertenecido al PP entre 2008 y 2011, aunque la relación con el partido fue meramente testimonial y no ocupó ningún cargo orgánico ni público. El mismo Tribunal Constitucional salió al paso de la presunta incompatibilidad de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, recordando que su jurisprudencia hace compatible la condición de magistrado con la pertenencia a un partido. Cuando en 2017 caducó su mandato, se elogió el que durante su presidencia el tribunal hubiera alcanzado en sus sentencias amplias mayorías y unanimidades.
Hoy en día ya no se hila tan fino y el gobierno de la nación, aplicando la conocida dinámica de la puerta giratoria y la teoría rooseveltiana de los tres caballos, ha elegido como magistrados del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia en el propio gobierno de Sánchezhasta julio de 2021, y a Laura Díez, directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia hasta el pasado abril. Es lógico poner en duda la imparcialidad de los nuevos magistrados, ya que Campo mantienen una estrecha relación con el actual gobierno, con el partido socialista al que pertenece y con la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que es además su pareja sentimental: Meritxell Batet.
El sistema jurídico de un estado de derecho no pude convertirse en una pandilla en la que «el jefe» impone su voluntad sobre los demás, porque si no hay ninguna institución capaz de contener los excesos del poder, más tarde o más temprano ese poder se convertirá en omnímodo y la democracia entrará en declive. Sin una separación de poderes efectiva el estado de derecho no puede sobrevivir. Al presidente Sánchez la Comisión Europea ya le ha advertido de que debe ser prioritaria la reforma del sistema de nombramientos del Consejo de General del Poder Judicial, para que al menos la mitad de los nombramientos los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos que insisten en «reducir al mínimo el riesgo de la influencia indebida de intereses partidistas».
Mención aparte merecen otros mecanismos que socavan la independencia judicial, como la intimidación y descalificación de jueces y tribunales, excediendo la mera crítica. En el caso de la aplicación de la ley del «sólo sí es sí», el gobierno, en boca de Irene Montero, acusó a los jueces de «incumplir la ley» por «machismo», mientras que desde Podemos presentaban a los jueces como «fachas con toga». El Consejo General Del Poder Judicial tuvo que salir al paso para expresar su repulsa «a los intolerables ataques vertidos […] contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos». También se recuerda la respuesta intimidatoria de Mónica Oltra, siendo aún vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, al calificar el auto de Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, por tapar presuntamente los abusos de su exmarido a una menor, declarando que era una cacería de la extrema derecha.
Cuando el presidente catalán, Pere Aragonès, decía que «la eliminación del delito de sedición es un paso indispensable en la desjudicialización», lo que en realidad manifestaba era su deseo -compartido con Sánchez- de caminar hacia la politización total de la justicia. El ideal del populismo, tanto de izquierdas como de derechas, es que la mayoría parlamentaria no tenga que ajustarse a normas constitucionales ni a la justicia, sino que reclama el derecho a actuar según la canción del grupo sueco ABBA: «el que gana se lo lleva todo» –The winner takes it all-.
Que la tierra le sea leve a la separación de poderes.
Gandia, 6 de diciembre de 2022.
Artículo publicado originalmente en el diario Levante-EMV en su edición de la Safor, el 16 de diciembre de 2022.